EL GOBIERNO ARGENTINO APELARÁ UN FALLO QUE AVALÓ EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA AFA
La decisión de la Cámara Civil que anuló la veeduría del Ministerio de Justicia sobre la AFA será impugnada por el Gobierno, que busca mantener el control estatal.
El Gobierno argentino ha decidido apelar un fallo de la Cámara Nacional en lo Civil que autorizó el cambio de domicilio de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) a la provincia de Buenos Aires y anuló la veeduría impuesta por el Ministerio de Justicia. Esta medida ha generado un fuerte cuestionamiento desde la Casa Rosada, que sostiene que la Inspección General de Justicia (IGJ) buscará revertir esta decisión en una instancia superior.
Fuentes oficiales confirmaron que “nosotros vamos a apelar”, enfatizando que el nuevo titular de la IGJ, Alejandro Ramírez, considera que el fallo afecta el esquema de fiscalización que había sido implementado sobre la AFA. Este contexto se enmarca en una ofensiva administrativa más amplia sobre las entidades relacionadas con el fútbol argentino.
El fallo de la Cámara Civil declaró la nulidad de la Resolución Particular 140/26 de la IGJ, que había rechazado la inscripción de la reforma estatutaria por el cambio de domicilio y la cancelación de la matrícula de la AFA en la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, anuló la Resolución 128/2026 del Ministerio de Justicia, que había dispuesto una intervención informativa en calidad de veeduría por un periodo de 180 días hábiles.
Los jueces de la Cámara, Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset, argumentaron que una vez que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de Buenos Aires autorizó el cambio de jurisdicción, el control de legalidad y las facultades de fiscalización sobre la AFA quedaron bajo su órbita. Esto significa que la IGJ ya no podía inspeccionar el nuevo domicilio ni revisar lo decidido por el organismo provincial.
En el ámbito gubernamental, el fallo también ha generado tensiones internas en el área de Justicia. La actual gestión, liderada por Juan Bautista Mahiques, sostiene que la Cámara ha evidenciado un flanco en la gestión anterior, que no impugnó de manera efectiva el acto administrativo que convalidó el traslado de la AFA a Pilar.
El expediente revela que, aunque hubo oposición por parte de algunos funcionarios a la AFA, la Cámara considera que, tras el acto administrativo bonaerense, la IGJ no puede revisar esa decisión. Esta interpretación refuerza la necesidad de apelar el fallo para defender las facultades de control estatal sobre la entidad.
El fallo también desactiva la veeduría ordenada por el Ministerio de Justicia, que tenía como objetivo revisar documentación societaria y financiera de la AFA. Al caer la resolución previa de la IGJ, quedó sin efecto la designación de los veedores. El Gobierno busca, a través de la apelación, mantener la capacidad de revisar los balances y decisiones institucionales de la AFA.
Este fallo no afecta las investigaciones judiciales en curso ante otros tribunales, lo que es relevante dado que la situación de la AFA y sus dirigentes está vinculada a causas penales y económicas en vías distintas. La Cámara limitó su análisis a la competencia administrativa de la IGJ y del Ministerio de Justicia sobre una entidad que, según su criterio, ya estaba bajo control provincial.
La resolución se produce en un contexto de movimientos del Gobierno sobre el fútbol argentino, donde la IGJ había intensificado requerimientos y veedurías sobre la AFA y la Superliga, en medio de investigaciones por balances y contratos. En este sentido, el fallo representa un revés político y jurídico para el esquema de control diseñado desde el Ministerio de Justicia, fortaleciendo la estrategia de la AFA de trasladar el debate al plano jurisdiccional.
