EL GOBIERNO OFICIALIZA LA PRIVATIZACIÓN DE LA HIDROVÍA CON UNA REDUCCIÓN DEL 13% EN COSTOS LOGÍSTICOS
La concesión fue adjudicada a Jan De Nul y Servimagnus, quienes operarán la vía fluvial clave para las exportaciones argentinas durante 25 años.
El Gobierno argentino ha hecho oficial la privatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay, adjudicando la concesión al consorcio formado por la empresa belga Jan De Nul y la firma argentina Servimagnus. Esta concesión, que tendrá una duración de 25 años, incluye la operación, modernización, ampliación y mantenimiento de la principal vía de transporte fluvial del país.
La decisión fue formalizada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) a través de una resolución que concluyó el proceso licitatorio iniciado a fines de 2025. La concesión abarca tareas de dragado, señalización y mantenimiento, y es fundamental para el transporte del 80% de las exportaciones argentinas.
Según la información proporcionada por el adjudicatario, el proyecto prevé una facturación promedio anual de US$628,2 millones y un ingreso total estimado de US$15.707 millones a lo largo de la concesión. Las proyecciones indican un crecimiento significativo en el tráfico de embarcaciones, con un aumento del 38,1% en el movimiento internacional y del 28,2% en el transporte de cabotaje.
Desde el Gobierno, se destacó que la firma del contrato, que se espera se realice en los próximos 30 días, marcará el inicio de una nueva etapa de inversiones en la vía navegable. Las obras incluirán la profundización del canal y mejoras operativas, así como la incorporación de tecnología para aumentar la seguridad en la navegación y el control contra el narcotráfico.
El Ministerio de Economía ha afirmado que esta nueva concesión generará una reducción del 13,5% en los costos logísticos, lo que permitirá a los buques completar cargas en los puertos de origen y mejorar la competitividad de las exportaciones argentinas. Las principales inversiones se concentrarán durante los primeros siete años de la concesión, con una recuperación económica proyectada para la segunda etapa del contrato.
El proceso licitatorio se llevó a cabo sin impugnaciones y contó con el respaldo de diversos actores del sector, incluyendo cámaras exportadoras y gobiernos provinciales. Además, el adjudicatario deberá constituir una Sociedad de Propósito Específico y presentar garantías por un total de US$75 millones antes de la firma definitiva.
Con esta medida, el Gobierno considera que se cierra el proceso de privatización de la Vía Navegable Troncal, iniciando una etapa enfocada en la inversión privada, mientras que el Estado mantendrá funciones de regulación y control sobre esta infraestructura clave.
