LA LIBERTAD AVANZA CONVOCA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES PARA FRENAR LA SESIÓN OPOSITORA
Con una estrategia parlamentaria, el oficialismo busca desactivar la sesión que la oposición había convocado para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El bloque de La Libertad Avanza ha decidido desactivar la sesión especial programada por la oposición en la Cámara de Diputados para este miércoles, mediante una maniobra parlamentaria. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Martín Menem, ha convocado a este cuerpo para la próxima semana con el fin de iniciar el debate sobre una posible interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Esta estrategia, orquestada por Menem, busca restarle relevancia política a la sesión impulsada por la oposición, que enfrenta dificultades para reunir los quórums necesarios. Desde el oficialismo sostienen que la oposición no cuenta con los números requeridos para abrir la sesión, ni para alcanzar los dos tercios necesarios para votar sobre tablas una interpelación a Adorni.
Además, la convocatoria a la comisión permite al oficialismo ganar tiempo y despejar el camino para realizar una sesión ordinaria el miércoles, donde se discutirán dos proyectos económicos considerados prioritarios por el Gobierno. Entre ellos se encuentra el super-RIGI, un régimen especial para grandes inversiones, y el pago de US$170 millones a bonistas, cuyo vencimiento está fijado para el 30 de junio.
La situación de Adorni ha trascendido el ámbito judicial y se ha convertido en un problema político que impacta directamente en la capacidad del oficialismo para gestionar su agenda parlamentaria. La oposición había solicitado una sesión especial para tratar la interpelación, aunque sus posibilidades de éxito eran limitadas desde el inicio.
Un obstáculo significativo es que para aprobar el tratamiento sobre tablas se requieren los dos tercios de los votos, un número que la oposición no puede alcanzar. Esta situación se complica aún más con la propuesta de Patricia Bullrich, que busca modificar la interpretación reglamentaria para elevar los requisitos necesarios para habilitar el tratamiento de una eventual interpelación, lo que podría demorar el debate sin una fecha definida.
