CONDENAN A EX TRABAJADOR MINERO POR QUEDARSE CON UNA INDEMNIZACIÓN DUPLICADA
Un hombre y su esposa fueron condenados a tres años de prisión condicional por no devolver más de $107 millones que recibieron por error tras su despido.
Un ex trabajador de una empresa minera en San Juan y su esposa fueron condenados a tres años de prisión condicional por quedarse con una indemnización que recibieron por error. La Justicia determinó que ambos no tuvieron intención de devolver el dinero, que ascendía a más de $107 millones, tras un error administrativo que duplicó la transferencia por despido.
El caso, que ha generado gran repercusión en la provincia, comenzó cuando Danny Roberto Sarmiento, tras ser despedido a fines de 2024, recibió una indemnización acordada de $107.019.000. Sin embargo, dos días después, la empresa minera Andina del Sol realizó una segunda transferencia por el mismo monto, lo que llevó al ex empleado a recibir más del doble de lo que le correspondía.
Cuando la empresa advirtió el error, se comunicó con Sarmiento para solicitar la devolución inmediata. A pesar de sus promesas iniciales de reintegro, Sarmiento comenzó a mover los fondos y transfirió una parte significativa a la cuenta de su esposa, Myriam Mabel Muñoz. Esto fue considerado por la fiscalía como prueba de que nunca tuvieron la intención de devolver el dinero.
La investigación reveló que Sarmiento dejó de responder a los intentos de contacto de la empresa, lo que llevó a la fiscalía a modificar la acusación inicial por el delito de defraudación por engaño. El fiscal Guillermo Heredia argumentó que el desvío inmediato de los fondos hacia otra cuenta bancaria evidenció la falta de intención de devolver la transferencia duplicada.
Finalmente, tanto Sarmiento como Muñoz fueron condenados como coautores a tres años de prisión condicional, lo que les permite evitar el ingreso a prisión al no tener antecedentes penales, aunque deberán cumplir con reglas de conducta.
Un aspecto notable del caso es que gran parte del dinero nunca fue recuperado. Durante la investigación, la Justicia ordenó embargos sobre vehículos, una casa y cuentas bancarias por alrededor de $140 millones para intentar garantizar la restitución de los fondos, que, sumados a los intereses acumulados, superan los $110 millones.
