EL RURALISMO CRITICA LAS NUEVAS NORMATIVAS FISCALES DE LA PAMPA
Las entidades rurales de CARBAP expresaron su rechazo a las resoluciones fiscales que afectan la actividad del campo en La Pampa.
Las entidades rurales de la Zona 8 de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) han manifestado su enérgico rechazo a las recientes Resoluciones Generales Nº 20/2025 y Nº 05/2026 emitidas por la Dirección General de Rentas de La Pampa. Según los productores, estas normativas, bajo la premisa de una modernización tecnológica, implementan mecanismos de control que amenazan la estabilidad financiera de quienes invierten en la región.
El foco del conflicto radica en la aplicación del Control de Actividades Bajo Información (C.A.B.I.) y el nuevo Certificado de Cumplimiento Fiscal. Aunque las entidades rurales reconocen la necesidad de actualizar los sistemas de fiscalización tributaria, advierten que las normativas actuales trasladan al contribuyente responsabilidades que deberían ser asumidas por el organismo recaudador.
El sistema de control funciona mediante cruces automáticos de datos, lo que obliga a los productores agropecuarios a justificar constantemente situaciones operativas que el algoritmo estatal considera inconsistencias. Desde CARBAP, se enfatiza que los ciclos biológicos y productivos del campo no pueden ser evaluados con la rigidez de un software administrativo.
La retención del Certificado de Cumplimiento Fiscal por observaciones automáticas impide que los productores realicen gestiones comerciales esenciales para su actividad diaria. Esta situación se agrava por la naturaleza estacional de las ventas y la volatilidad económica del sector, que no se ajustan a parámetros automáticos uniformes.
Además, CARBAP denuncia que la nueva modalidad de control obliga a los contribuyentes a asumir tareas de fiscalización que corresponden al Estado. A pesar de que el discurso oficial sostiene que no se aplicarán sanciones directas, cualquier observación en el sistema bloquea de inmediato la obtención del certificado, un requisito fundamental para realizar trámites comerciales.
Las sociedades rurales han solicitado formalmente la suspensión o revisión de estas resoluciones y la apertura de un diálogo técnico con las autoridades. También se aconsejó a los productores que busquen asesoramiento legal y contable para defender sus derechos frente a los requerimientos automáticos de la agencia de recaudación provincial.
