ACTUALIZAN PROTOCOLOS DE SEGURIDAD ANTE AMENAZAS EN ESCUELAS POR REDES SOCIALES
El Gobierno argentino modifica protocolos para la intervención policial en casos de ciberdelitos que involucran a menores, tras un aumento de amenazas en escuelas.
El Gobierno argentino ha implementado una modificación significativa en los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad frente a ciberdelitos que involucran a menores de edad. Esta decisión, publicada en la Resolución 725/2026 en el Boletín Oficial, surge como respuesta al incremento de amenazas de violencia masiva en escuelas, las cuales han sido difundidas a través de redes sociales.
Según la nueva normativa, el personal policial deberá cumplir con lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326, prohibiendo el tratamiento de datos sensibles de niños y adolescentes sin la debida autorización judicial. Sin embargo, se establecen excepciones en situaciones de riesgo grave e inminente para la integridad o vida de los menores o para la seguridad de la comunidad educativa.
Entre las excepciones que permiten la intervención policial se encuentran: casos donde se detecte un riesgo de vida para el menor, indicios de desamparo o fuga, comportamientos autolesivos, y situaciones donde el menor sea víctima de un delito en curso en el ciberespacio. Además, si hay evidencias de amenazas de violencia masiva, el personal podrá continuar con la vigilancia necesaria.
La resolución también exige que, en todos los casos donde se justifique la continuidad de las tareas de prevención, se deje constancia detallada de las circunstancias que motivaron dicha decisión, informando de inmediato a la autoridad responsable de la investigación.
Esta modificación se inscribe dentro del Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos y busca mejorar la capacidad de respuesta ante el avance del ciberdelito, al tiempo que se respetan los derechos y garantías de los menores. Las autoridades consideran que la normativa anterior no era suficiente para enfrentar con eficacia situaciones de urgencia, lo que llevó a la necesidad de ampliar los supuestos excepcionales.
Con esta nueva regulación, el Gobierno argentino pretende equilibrar la intervención efectiva ante delitos graves con el respeto a los derechos establecidos en la legislación vigente, reafirmando su compromiso con la seguridad de los menores en entornos digitales.
