LA JUSTICIA SOLICITARÁ AUTORIZACIÓN AL CONGRESO PARA PERITAR EL CELULAR DE GUSTAVO BORDET
El exgobernador de Entre Ríos enfrenta una investigación por enriquecimiento ilícito y su defensa argumenta que se necesita autorización legislativa para el peritaje.
La Justicia argentina ha decidido pedir autorización al Congreso para llevar a cabo el peritaje de los celulares del exgobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y de su pareja, la actual diputada provincial Mariel Ávila. Esta medida se produce en el marco de una investigación por enriquecimiento ilícito que involucra al exmandatario.
La resolución fue tomada por el vocal del Tribunal de Apelaciones de Concordia, Aníbal Lafourcade, quien suspendió la apertura de los dispositivos tras un planteo de la defensa. El argumento central es que los teléfonos fueron utilizados para actividades legislativas, lo que requiere autorización previa.
La Fiscalía, liderada por José Arias, ahora deberá solicitar el permiso correspondiente tanto al Congreso nacional como a la Legislatura de Entre Ríos para proceder con el análisis de los celulares. Este proceso puede demorar, dado que involucra un trámite judicial con repercusiones políticas, especialmente en un año electoral.
La defensa de Bordet ha manifestado su intención de recusar a Arias, argumentando que el fiscal ha perdido la objetividad necesaria para llevar adelante el caso. Esta situación no es nueva, ya que Arias fue removido de otras causas relacionadas con el Partido Justicialista.
En cuanto a los pasos para el peritaje, ambos cuerpos legislativos deberán resolver la autorización. La norma que regula los fueros establece que un legislador debe estar imputado para que se permita la apertura de sus dispositivos. Hasta el momento, Bordet no enfrenta cargos formales, y la investigación se originó a raíz de una denuncia particular.
Si se otorga el aval, la Fiscalía deberá solicitar al Juez de Garantías la apertura y el análisis de los teléfonos, que actualmente están bajo resguardo judicial. Lafourcade ya había rechazado un pedido de la defensa para la devolución de los dispositivos.
Inicialmente, Bordet y Ávila habían entregado los celulares y las contraseñas de manera voluntaria durante procedimientos realizados en sus propiedades entre 2015 y 2023. Sin embargo, la defensa considera que el proceso se ha desnaturalizado desde entonces.
Las acciones de la Policía durante los allanamientos generaron quejas, especialmente por la forma en que se llevó a cabo la requisa de Ávila, quien fue sometida a un registro exhaustivo. Estas quejas llegaron a las autoridades provinciales, incluyendo al ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, y al gobernador Rogelio Frigerio.
La defensa argumenta que los celulares fueron utilizados para actividades legislativas, lo que obliga a que se requiera autorización previa de las cámaras legislativas. A pesar de que en una primera instancia el Juez de Garantías Ives Bastián había rechazado este planteo, la defensa apeló y logró frenar el peritaje.
