UN HOMBRE PIERDE SU VIVIENDA SOCIAL TRAS DENUNCIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO
Un hombre del Chaco intentó recuperar su casa tras ser denunciado por su expareja, pero la Justicia respaldó la decisión del Gobierno provincial de revocar la adjudicación.
Un hombre en la provincia de Chaco ha perdido la vivienda social que le fue otorgada por el Estado, luego de que su expareja lo denunciara por violencia de género. La mujer alegó que había tenido que abandonar el inmueble junto a su hija para protegerse de las agresiones recibidas durante años.
El conflicto se originó cuando, tras la separación de la pareja, el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) inició un proceso para revisar la situación de la vivienda, que había sido adjudicada en 2008. Durante este proceso, se tomó conocimiento de la denuncia presentada por la mujer.
En respuesta a esta situación, el Gobierno provincial decidió dejar sin efecto la adjudicación de la casa al hombre y consideró la posibilidad de otorgársela a su expareja, siempre que cumpliera con los requisitos establecidos por la normativa.
El hombre, al considerar injusta la decisión, demandó al Gobierno del Chaco con el objetivo de recuperar la propiedad. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia rechazó su reclamo, validando la actuación del Estado.
Los jueces del tribunal argumentaron que la administración provincial había actuado dentro de sus facultades y que el caso debía ser analizado con una perspectiva de género, en línea con las normativas argentinas y los compromisos internacionales para proteger a las mujeres en situaciones de violencia.
El tribunal enfatizó que los organismos estatales tienen la obligación de adoptar medidas de prevención y respuesta ante casos de violencia de género, destacando que la decisión de revocar la adjudicación estaba respaldada por las actuaciones administrativas y los elementos reunidos durante el expediente.
Finalmente, el Superior Tribunal de Justicia desestimó el recurso presentado por el hombre, dejando firme la decisión que revocó la adjudicación de la vivienda, en un proceso judicial que se extendió durante varios años.
