EL GOBIERNO APRUEBA EL RIGI PARA EL MAYOR PROYECTO MINERO DE ARGENTINA
La joint venture Vicuña, de BHP y Lundin Mining, recibió el visto bueno del Gobierno tras resolver un conflicto eléctrico, habilitando una inversión de hasta USD 9.700 millones.
El Gobierno argentino ha otorgado al proyecto Vicuña, una joint venture entre BHP y Lundin Mining, acceso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Esta aprobación se produce tras la resolución de un conflicto eléctrico que había frenado el desarrollo del proyecto desde 2023.
Ubicado en San Juan, el proyecto Vicuña permitirá una inversión inicial de hasta USD 9.700 millones y está considerado como el mayor proyecto minero de la historia argentina. La inversión total podría alcanzar USD 18.000 millones a lo largo de una década, según la Evaluación Económica Preliminar presentada en febrero de 2026.
La primera fase del desarrollo, que se concentrará en el depósito Josemaría, requerirá un desembolso de USD 7.100 millones entre 2027 y 2030. Esta etapa incluye la construcción de una mina a cielo abierto y una planta concentradora. La segunda fase incorporará recursos de Filo del Sol para aumentar la capacidad productiva, mientras que la tercera fase prevé la expansión de la planta y la construcción de infraestructura estratégica, como una planta desalinizadora de agua.
El proyecto generará exportaciones anuales por más de USD 2.600 millones y creará alrededor de 31.700 empleos directos e indirectos. Actualmente, Vicuña emplea a 2.580 personas en su operación en Argentina, de las cuales más del 81% son residentes de San Juan.
El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) aprobó la construcción de la infraestructura eléctrica necesaria para el proyecto, que se estima costará USD 800 millones. Esta obra incluirá una nueva línea de extra alta tensión y varias estaciones transformadoras, asegurando la conexión de los yacimientos a la red nacional de alta tensión.
La aprobación del RIGI también trae consigo beneficios fiscales, como la reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la devolución inmediata del IVA, y la eliminación de retenciones a partir del segundo año de operación. Esta decisión se produce en un contexto de controversia en el sector, especialmente por la adjudicación del campamento Batidero a un consorcio chino, lo que ha generado críticas sobre la priorización de empresas nacionales en proyectos de esta envergadura.
