MILEI FIRMA DECRETO PARA EXPULSAR EXTRANJEROS QUE AGRAVEN A ARGENTINA
El presidente Javier Milei autoriza la expulsión de extranjeros que inciten a la violencia o emitan mensajes de odio, generando debate sobre su aplicación.
El presidente Javier Milei ha firmado un decreto que permite la expulsión de extranjeros que agraven a la Argentina o a sus ciudadanos. Esta medida, publicada en el Boletín Oficial, ha suscitado un intenso debate sobre su legalidad y el procedimiento necesario para su implementación.
El decreto establece que se podrán retirar del país a aquellos individuos que expresen mensajes de odio o inciten a la violencia, ya sea de forma oral o escrita. Según el abogado constitucionalista Félix Lonigro, el contenido de la medida es defendible, ya que busca proteger a la población argentina.
Sin embargo, Lonigro advierte que, aunque se contempla la posibilidad de deportar extranjeros, la Constitución Nacional estipula que tales restricciones deben ser legisladas por el Congreso. «Esto debe ajustarse al principio de legalidad», afirmó, sugiriendo que el Congreso debe ser el encargado de legislar sobre este tema.
La medida se aplica a aquellos extranjeros que emitan mensajes que puedan considerarse ofensivos hacia el país o sus ciudadanos. Lonigro explicó que los presidentes solo pueden dictar decretos de necesidad y urgencia en circunstancias excepcionales, y que todos los ministros deben firmar la medida. Posteriormente, el Congreso debe aprobarla para que tenga validez definitiva.
El procedimiento requiere que el jefe de gabinete presente el decreto a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que tiene un plazo de diez días hábiles para dictaminar sobre su validez. Aunque el decreto entra en vigencia desde su publicación, su continuidad depende del aval de al menos una de las cámaras legislativas.
Lonigro también enfatizó que la expulsión de extranjeros debería ser decidida por un juez, dado que la aplicación del decreto podría ser susceptible a la discrecionalidad de un solo funcionario. «Es fundamental que una autoridad judicial tome la decisión final sobre la expulsión», subrayó.
El debate también se centra en la aplicación práctica del decreto, especialmente en relación a los mensajes en redes sociales que podrían considerarse agravios. Lonigro destacó que la identificación y sanción de usuarios en plataformas digitales es un proceso complejo y que las decisiones de expulsión deben basarse en un análisis judicial.
El constitucionalista concluyó que el Estado de derecho exige que decisiones tan graves no dependan de la voluntad individual de un funcionario, sino que se realicen a través de un cuerpo colegiado o una ley que regule el proceso.
