ARCA EXIGE JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS AL CONTRATISTA QUE DECLARÓ CONTRA ADORNI
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero intimó a Matías Tabar, quien debe presentar detalles sobre la obra en la casa del jefe de Gabinete en Indio Cuá.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha intimado al contratista Matías Tabar, quien realizó obras en la casa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Indio Cuá, a presentar justificaciones sobre sus ingresos y la mano de obra utilizada en la propiedad. Esta medida se da en el contexto de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
Tabar ha sido requerido para que, en un plazo de diez días, entregue información sobre su actividad real, facturación y detalles de la obra, así como justificaciones de compra de bienes, que incluyen una camioneta valorada en $47 millones y un automóvil por $4 millones. También se le solicita esclarecer el origen de fondos utilizados para la compra de dólares en 2024 y 2025.
La intimación se produce tras las declaraciones de Tabar en las que reveló que el costo total de la obra en la casa de Adorni ascendió a US$245.000, pagados en efectivo y sin factura. En su testimonio, Tabar explicó que las obras se realizaron entre septiembre de 2024 y julio de 2025, abarcando diversas reformas en la propiedad.
La diputada nacional Marcela Pagano ha denunciado que la intervención del ARCA podría generar un efecto amedrentador sobre quienes han colaborado con la justicia. En su presentación, Pagano afirmó que la fiscalización tributaria sobre aquellos que han declarado en el caso es preocupante, dado que el ARCA depende del Poder Ejecutivo y su coordinación está a cargo de un funcionario cuya situación patrimonial está bajo investigación.
Tabar, quien es socio del estudio Alta Arquitectura, proporcionó a la Justicia detalles sobre las refacciones realizadas, incluyendo trabajos en el baño, la cocina y la pileta, además de la construcción de mobiliario. También mencionó que durante las obras, Adorni alquiló otra vivienda en el mismo country, lo que generó un costo adicional de US$13.000.
La situación ha generado un gran interés mediático, dado el perfil del funcionario involucrado y las acusaciones que se han presentado en su contra, lo que podría tener repercusiones en su carrera política.