TAPIA Y TOVIGGINO ENFRENTAN UN COMPLEJO FUTURO JUDICIAL TRAS CONFIRMACIÓN DE PROCESAMIENTOS
La AFA busca revertir los procesamientos de sus líderes por evasión impositiva, mientras se preparan para una serie de apelaciones judiciales.
La reciente confirmación de los procesamientos de Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino por parte de la Cámara en lo Penal Económico ha marcado un nuevo capítulo en la causa que involucra a los máximos dirigentes de la AFA. Ambos están acusados de evasión impositiva debido a la falta de pago de impuestos y aportes patronales en los plazos establecidos, lo que los deja al borde de un juicio oral.
El juez Diego Amarante, quien procesó a Tapia y Toviggino, argumentó que ambos implementaron un plan que les permitió beneficiarse financieramente al no depositar los fondos adeudados. Durante el periodo investigado, de marzo a septiembre de 2025, la AFA habría realizado inversiones en plazos fijos millonarios, lo que evidencia que el dinero estaba disponible.
Ante esta situación, Tapia y Toviggino han decidido agotar todas las instancias judiciales posibles para evitar la elevación del caso a juicio. Se espera que interpongan un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal para que se revise su procesamiento. Sin embargo, la decisión inicial sobre este recurso recae en la Cámara en lo Penal y Económico, que deberá determinar si lo concede o no.
En caso de que se acepte el recurso, el caso será revisado por la Cámara de Casación. No obstante, el camino es complicado, ya que generalmente este tipo de recursos no procede en situaciones similares. Si la Casación rechaza la solicitud, Tapia y Toviggino podrían intentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, aunque las posibilidades de éxito son consideradas mínimas por expertos legales.
El futuro judicial de ambos dirigentes se complica aún más con la reciente asignación de la jueza Verónica Straccia al caso relacionado con la mansión de Pilar, un tema que también involucra a Toviggino. La jueza, conocida por su integridad, tendrá que evaluar el origen de los fondos utilizados para adquirir una propiedad valorada en 17 millones de dólares.
La AFA, por su parte, sostiene que la deuda fue cancelada, pero los delitos se configuran a partir del momento en que se vencen los plazos de pago, lo que complica su defensa.
