LA CORTE SUPREMA ORDENA INDEMNIZAR A LAS FAMILIAS DE LAS VÍCTIMAS DE LA MASACRE DE CARMEN DE PATAGONES
A 22 años del trágico ataque escolar, el máximo tribunal ratificó la responsabilidad del Estado en la Masacre de Carmen de Patagones.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina ha ordenado, tras 22 años de espera, que el Estado nacional y la provincia de Buenos Aires indemnizarán a las familias de las víctimas de la Masacre de Carmen de Patagones, ocurrida el 28 de septiembre de 2004. En este trágico episodio, Rafael Juniors Solich, un joven de 15 años, ingresó armado a la Escuela de Enseñanza Media N° 202 y disparó contra sus compañeros, resultando en la muerte de tres estudiantes y dejando a otros cinco heridos.
El ataque fue catalogado como uno de los más graves en la historia escolar argentina. La decisión del máximo tribunal reafirma la responsabilidad del Estado por no haber tomado medidas adecuadas frente a las señales de alarma que presentaba el agresor, así como por las fallas en la custodia del arma utilizada en el ataque, que pertenecía al padre de Juniors, un suboficial de Prefectura Naval Argentina.
La Corte determinó que hubo un incumplimiento del deber de protección por parte de la escuela, que había recibido múltiples advertencias sobre el comportamiento violento de Solich. A pesar de las alarmas, las autoridades educativas no actuaron con la seriedad necesaria para prevenir la tragedia, lo que llevó a la Corte a decidir que el establecimiento educativo y la fuerza federal comparten la responsabilidad por lo sucedido.
El fallo no solo cierra un capítulo doloroso para las familias de las víctimas, quienes han luchado durante más de dos décadas por justicia, sino que también sienta un precedente sobre la obligación del Estado de proteger a los estudiantes en el ámbito educativo. Así, la Corte ratificó que el sistema educativo y las fuerzas de seguridad deben ser responsables de sus omisiones y de la protección de los alumnos bajo su cuidado.
Las familias de las víctimas se reunieron recientemente para recordar a sus seres queridos, reafirmando su compromiso de que la memoria de los caídos no se olvide. Este fallo es un paso significativo en la búsqueda de justicia y reconocimiento por parte del Estado.
