EDUARDO BOLSONARO CONDENADO A CUATRO AÑOS DE PRISIÓN POR IMPULSAR SANCIONES CONTRA BRASIL
La Corte Suprema de Brasil dictó una condena de cuatro años y dos meses contra Eduardo Bolsonaro por intentar influir en sanciones de EE.UU. a su país.
La Corte Suprema de Brasil ha condenado al exdiputado Eduardo Bolsonaro a una pena de cuatro años y dos meses de prisión, que deberá cumplir en régimen semiabierto. Esta sentencia se deriva de sus intentos de promover sanciones de Estados Unidos contra Brasil en un esfuerzo por ayudar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en un juicio por golpismo.
El fallo, unánime entre los cuatro jueces de la Primera Sala del Tribunal Supremo Federal (STF), también impone a Eduardo una multa de 100 salarios mínimos, equivalente a aproximadamente 31.700 dólares. La defensa de Bolsonaro, que argumentó que su cliente solo estaba ejerciendo una «interlocución política», no logró convencer a los magistrados, quienes consideraron que sus acciones constituían coacción contra el sistema judicial brasileño.
Eduardo Bolsonaro, quien se encuentra actualmente en Estados Unidos, admitió haber viajado al país en 2025 con el propósito de gestionar sanciones contra los jueces que procesaban a su padre. Durante la audiencia, el juez Alexandre de Moraes presentó videos que mostraban declaraciones de Eduardo sobre sus gestiones en Washington.
La condena también implica una inhabilitación política de ocho años para Eduardo, quien ya había perdido su acta de diputado en diciembre pasado debido a ausencias en las sesiones de la Cámara baja. Este caso se suma a la condena previa de Jair Bolsonaro, quien fue sentenciado a 27 años de prisión por intentar llevar a cabo un golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022.
Los jueces del STF rechazaron las solicitudes de nulidad del proceso planteadas por la defensa, que alegó la supuesta parcialidad del magistrado. El abogado de oficio Esdras dos Santos Carvalho insistió en que Eduardo no tenía poder sobre la política exterior estadounidense y que no utilizó violencia o amenazas, requisitos necesarios para el delito de coacción.
Este caso pone de relieve las tensiones entre el gobierno brasileño y las acciones de la administración de Donald Trump, que ya había impuesto sanciones a varios magistrados del Tribunal Supremo brasileño por sus decisiones en el juicio contra Jair Bolsonaro.
