EL GOBIERNO ARGENTINO EXPULSÓ A 14 MIL EXTRANJEROS EN SEIS MESES POR ANTECEDENTES PENALES
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció que 14 mil extranjeros fueron deportados por diversos motivos legales en el último semestre.
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, informó que en los últimos seis meses el Gobierno argentino ha expulsado a 14.000 extranjeros del país. Esta cifra fue comunicada a través de un video en sus redes sociales, donde la funcionaria destacó que las deportaciones se deben a antecedentes penales, alertas rojas de Interpol, impedimentos legales y a intentos de ingreso al país sin cumplir con la normativa vigente.
Monteoliva enfatizó que esta medida es parte de una política de orden migratorio y seguridad nacional, subrayando que “Argentina está abierta para quienes vienen a trabajar, a invertir, a respetar y cumplir la ley. Quienes no lo hacen, no tienen lugar”.
La cifra de expulsiones representa un aumento significativo respecto a los reportes anteriores. A finales de enero, la ministra había reportado casi 5.000 expulsiones en solo dos meses, lo que ya se consideraba un récord en los controles en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos.
El perfil de los deportados incluye personas con antecedentes penales, ciudadanos con alertas rojas de Interpol, aquellos con impedimentos legales para ingresar y quienes intentaron cruzar la frontera de manera irregular. Monteoliva fue clara en su mensaje: “Si sos extranjero y tenés antecedentes, delinquís, querés entrar o estás de manera ilegal, afuera”.
Los operativos no se limitan solo a los pasos fronterizos. Recientemente, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina llevaron a cabo un operativo en la feria de Villa Celina, donde identificaron a 458 personas, de las cuales 369 eran extranjeras. Este procedimiento reveló irregularidades en varios comercios, lo que resultó en la detención de cuatro ciudadanos bolivianos y el secuestro de mercancía ilegal.
La estrategia del Gobierno, que combina tecnología biométrica y un aumento en la vigilancia en los principales puntos de acceso al país, ha sido clave para alcanzar estas cifras de expulsión. Monteoliva concluyó enfatizando que en Argentina, “el que viola la ley, debe hacerse responsable de sus actos”.
