JUAN GRABOIS PROCESADO POR LA TOMA DEL INSTITUTO PERÓN Y EMBARGADO POR $5 MILLONES
El juez Sebastián Ramos consideró a Grabois responsable de violación de domicilio y resistencia a la autoridad por la ocupación del edificio en junio de 2025.
El juez federal Sebastián Ramos procesó al dirigente social Juan Grabois por la ocupación del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, que tuvo lugar el 7 de junio de 2025. Además, se le impuso un embargo de $5 millones sobre sus bienes. La resolución del juez lo acusa de los delitos de violación de domicilio y resistencia a la autoridad en relación con la toma del edificio, que depende del Ministerio de Capital Humano.
La investigación detalla que Grabois ingresó al inmueble junto a un grupo de manifestantes sin autorización, manteniéndose en el lugar durante varias horas. Según el magistrado, la evidencia recopilada, que incluye testimonios, registros audiovisuales y fotografías, confirma su participación activa en los hechos.
Ramos también afirma que Grabois alentó a los manifestantes a permanecer en el Instituto e incitó a confrontar al personal policial que intentó desalojarlos. Durante el operativo, se registraron incidentes que resultaron en efectivos heridos y daños en las instalaciones. Los informes médicos presentados en el expediente indican que varios policías sufrieron traumatismos mientras intentaban recuperar el control del edificio.
El militante Valentín Peralta también fue procesado por agredir a miembros de la Policía Federal durante el desalojo. La defensa de Grabois rechaza las acusaciones, argumentando que el dirigente se encontraba en el lugar en calidad de abogado de la cooperativa que administraba el espacio gastronómico “Un Café con Perón”, ubicado junto al Instituto. Sin embargo, el juez desestimó esta defensa, sosteniendo que las pruebas demuestran que Grabois tuvo un papel activo en la ocupación.
La denuncia que dio origen a la causa fue presentada por el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello. Un recurso presentado por la defensa de Grabois está actualmente en la Corte Suprema, donde se evalúa un pedido para que la Justicia no acceda al contenido del teléfono celular que le fue confiscado. El fiscal Carlos Rívolo ha solicitado que el análisis se limite a las comunicaciones relacionadas con los días cercanos a la ocupación, protegiendo aquellas que están bajo secreto profesional.
Paralelamente, el Ministerio de Capital Humano ha solicitado nuevas pruebas para identificar a otros participantes de la toma. La ocupación del Instituto Perón se realizó tras el anuncio del cierre del organismo, lo que llevó a un grupo de militantes a ingresar al edificio en protesta. Grabois fue detenido durante el desalojo, aunque recuperó la libertad horas después, describiendo el operativo como una persecución política.
El procesamiento de Grabois por parte de Ramos representa un avance judicial significativo en este caso, aunque su defensa tiene la opción de apelar ante la Cámara Federal.
