JUSTICIA HISTÓRICA POR LA «OPERACIÓN MASACRE»: 70 AÑOS DESPUÉS SE RECONOCE EL DELITO DE LESA HUMANIDAD
El juicio por la verdad concluyó con el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en los fusilamientos de José León Suárez, perpetrados en 1956.
El 22 de junio de 2026, un juicio por la verdad en San Martín culminó con un importante fallo que declaró delitos de lesa humanidad los fusilamientos ocurridos en José León Suárez el 9 de junio de 1956. Este hecho marcó un hito en la búsqueda de justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu.
El juicio reconoció la responsabilidad del Estado en la planificación, ejecución y encubrimiento de los asesinatos de doce militantes peronistas, un tema central en la obra de Rodolfo Walsh, quien documentó los hechos en su libro Operación Masacre, publicado en 1957.
Durante el juicio, la jueza Alicia Vence determinó que Aramburu y varios jefes policiales, todos fallecidos, eran culpables de cinco homicidios agravados y siete intentos de homicidio. Estos últimos correspondían a los sobrevivientes de la represión, quienes lograron escapar tras el ataque.
Los fusilamientos se llevaron a cabo en un descampado, donde los detenidos fueron ejecutados tras ser secuestrados en una casa en Florida. Entre los sobrevivientes se encontraba Livraga, quien a pesar de haber recibido tres disparos, logró sobrevivir y se convirtió en el único testigo vivo de la masacre, ahora con 96 años.
Las familias de las víctimas, quienes habían sufrido el silencio y la negación de la verdad durante siete décadas, finalmente recibieron los cuerpos de sus seres queridos, aunque se les impidió despedirlos públicamente, ya que eran considerados “traidores a la patria”.
El alegato final del querellante Alberto Palacio resaltó las memorias que han sobrevivido a años de silencio y la necesidad de reconocer la verdad. “No podían decir el nombre de sus padres en voz alta; aprendieron a callar desde niños”, afirmó.
Este fallo no solo pone fin a un largo proceso de impunidad, sino que también establece un precedente en la lucha por los derechos humanos en Argentina. En el lugar de los fusilamientos se instalará una placa conmemorativa, marcando un capítulo significativo en la historia del país.
