LA CORTE SUPREMA RATIFICA LA CAUTELAR QUE OBLIGA AL GOBIERNO A APLICAR LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO
El máximo tribunal desestimó la apelación del Poder Ejecutivo y mantiene la orden de actualizar salarios y becas en el ámbito universitario.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó este jueves una cautelar que obliga al Gobierno a aplicar dos artículos de la Ley 27.795 de financiamiento universitario. Esta decisión se produjo tras desestimar el recurso presentado por el Poder Ejecutivo, que intentó suspender la actualización salarial y los fondos destinados a becas y programas académicos.
Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal emitió resoluciones en el marco de una causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra el decreto 759/25.
El argumento de la Corte para rechazar la apelación del Gobierno se basó en motivos procesales, señalando que los recursos extraordinarios presentados por el Ministerio de Capital Humano no se dirigían contra una sentencia definitiva, lo cual es un requisito esencial para que el tribunal pudiera intervenir.
A pesar de que este fallo no resuelve la controversia principal sobre si el decreto del Ejecutivo puede suspender artículos de una ley aprobada por el Congreso, la Corte ordenó que se mantenga la cautelar mientras el proceso judicial continúa.
La decisión se produce en un contexto donde el Gobierno había acordado recientemente transferir fondos a las universidades nacionales, lo que incluye un incremento del 24,33% en los salarios y un 20% en los gastos de funcionamiento, además de un aumento significativo en las partidas para hospitales universitarios, que llegarán hasta $50.000.000.000.
Desde la comunidad universitaria, se explicó que este acuerdo representaba un aumento del presupuesto universitario del 0,5% al 0,6% del PBI, aunque la Ley de Financiamiento vigente establece un 0,75%.
La Corte, al dictar la cautelar, argumentó que el Congreso había insistido en la sanción de la ley a pesar del veto del presidente Javier Milei, y que el Ejecutivo buscaba evitar su aplicación basándose en una norma de menor jerarquía. El tribunal también consideró que el incumplimiento de la norma podría causar perjuicios graves y deterioro salarial, afectando así el derecho a enseñar y aprender.
Si bien el fallo no cierra la discusión sobre la Ley de Financiamiento, otorga a las universidades un respaldo jurídico para continuar su reclamo presupuestario.
